La cobranza es una parte esencial del sistema financiero, ya que permite a las empresas recuperar deudas y mantener un flujo de caja saludable. Sin embargo, cuando la cobranza se realiza de manera indebida, puede transformarse en lo que se conoce como cobranza ilegítima.
Este tipo de prácticas no solo afecta la reputación de las instituciones que las llevan a cabo, sino que también vulnera los derechos de los deudores.
¿Qué es la cobranza ilegítima?
La cobranza ilegítima se refiere a cualquier acción de recuperación de deuda que infrinja las leyes o normativas establecidas por las autoridades financieras y de protección al consumidor. Esto incluye prácticas coercitivas, amenazas, acoso, usurpación de funciones, o falsificación de documentos con el objetivo de intimidar a los deudores para que paguen.
Estas acciones no solo son poco éticas, sino que también son ilegales, y las instituciones que recurren a ellas pueden enfrentarse a sanciones legales, multas e incluso el cierre de sus operaciones.
Prácticas comunes de la cobranza ilegítima
Existen varias acciones que caen bajo la definición de cobranza ilegítima. Aquí algunas de las más comunes:
Llamadas a deshoras: Realizar llamadas telefónicas fuera del horario permitido por la ley, especialmente durante la madrugada o muy temprano en la mañana, es una práctica de acoso que busca generar presión indebida sobre el deudor.
Amenazas: Amenazar con acciones legales inexistentes, embargos o incluso con violencia física o moral para forzar el pago es una clara violación a los derechos del deudor.
Usurpación de funciones: Hacerse pasar por una autoridad oficial (por ejemplo, agentes judiciales o abogados) para intimidar al deudor es otra táctica ilegítima.
Acoso a terceros: Involucrar a familiares, amigos o compañeros de trabajo del deudor en la cobranza, a través de llamadas, mensajes o visitas, es una violación a la privacidad del deudor.
Falsificación de documentos: La presentación de documentos alterados o falsificados para exigir el pago, como cartas que parecen provenir de autoridades judiciales o bancarias, es una de las prácticas más graves y penadas.
¿Qué dicen las leyes sobre la cobranza ilegítima?
En muchos países, como México, existen leyes específicas para regular las actividades de cobranza y proteger a los deudores de estas prácticas abusivas.
En México, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) juega un papel clave al recibir denuncias y sancionar a las empresas que realicen cobranza ilegítima.
El Código de Conducta de la CONDUSEF establece que las instituciones financieras deben asegurarse de que sus despachos de cobranza actúen con responsabilidad y respeto hacia los deudores. Las multas por incumplir estas normativas pueden ser elevadas, además de que la reputación de la empresa se ve severamente afectada.
Consecuencias de la cobranza ilegítima para las empresas
Las empresas que recurren a prácticas ilegítimas de cobranza no solo se arriesgan a consecuencias legales, sino también a perder la confianza de sus clientes y socios comerciales. La falta de transparencia y el abuso en la recuperación de deudas puede traducirse en mala reputación, pérdida de clientes y una disminución en las oportunidades de crecimiento.
Además, muchas veces estas prácticas generan que los deudores eviten aún más el pago, al sentirse acosados o atemorizados, lo que complica aún más la situación.
¿Cómo evitar la cobranza ilegítima?
Para evitar caer en la cobranza ilegítima, las empresas deben seguir los lineamientos legales y éticos establecidos por las autoridades regulatorias. Es fundamental que los despachos de cobranza mantengan una comunicación clara, respetuosa y dentro de los horarios permitidos con los deudores.
También es importante ofrecer opciones de negociación y pago para los deudores, de modo que puedan saldar sus deudas sin sentirse coaccionados. Capacitar a los colaboradores que se encargan de la cobranza es crucial para garantizar que operen bajo las normativas adecuadas.
La cobranza ilegítima es un problema serio que afecta tanto a los deudores como a las empresas que recurren a estas prácticas.
El respeto a los derechos de los deudores y el cumplimiento de las leyes son esenciales para mantener una relación transparente y ética entre las partes involucradas. Al evitar estas prácticas y adherirse a la legalidad, las empresas de cobranza pueden recuperar sus deudas de manera efectiva y sin dañar su reputación.
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